Más de 100 organizaciones hicieron un llamado a los diputados para que antes de aprobar el dictamen de nueva ley forestal se convocara a un proceso de consulta con el objeto de recoger las propuestas del sector
Ciudad de México.— El dictamen aprobado de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comanart) de la Cámara de Diputados con el cual la propuesta de nueva ley forestal presentada por el Partido Verde Ecologista será puesta a votación en el Congreso, fue cuestionado por organizaciones, productores y académicos.
Desde hace dos semanas más de 100 organizaciones hicieron un llamado a los diputados para que antes de aprobar el dictamen de nueva ley forestal se convocara a un proceso de consulta con el objeto de recoger las propuestas del sector y avanzar así a la generación de un marco regulatorio eficaz.
El dictamen aprobado el pasado 21 de febrero por la Comanart “no tiene prácticamente ningún avance en comparación con la ley vigente de 2003. En contraparte, presenta retrocesos importantes y desaprovecha múltiples propuestas para mejorar el marco jurídico del sector”, señaló Gonzalo Chapela, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), precisó que el dictamen aprobado “deja de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo forestal comunitario. Además, invade facultades porque centraliza el poder en la Comisión Nacional Forestal (Conafor) al dejarla como responsable de coordinar las acciones de cambio climático, elaborar los reglamentos de los consejos estatales y reducir el comité mixto del Fondo Forestal Mexicano a un mero asesor, con lo cual deja a su discreción la toma de decisiones y asignación de recursos, como los del programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+)”.
“Se debe garantizar la consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, por ello es necesario que la iniciativa sea sometida a un amplio debate entre todos los actores involucrados. De acuerdo con los principios que rigen el derecho ambiental, expedir una iniciativa de ley en estos términos supondría contravenir el principio de no regresión, lo cual está prohibido,” subrayó.
Queda en evidencia que no se promueve un abordaje integral del problema de la madera de origen ilegal mediante planes y programas regionalizados ni se dota de atribuciones suficientes a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para coordinar su acción con énfasis en la prevención, la modernización de la trazabilidad, la participación comunitaria en la vigilancia y la lucha contra la corrupción, señalaron las organizaciones en conferencia de prensa.
Fuente: Teorema Ambiental
