Al parecer, el gobierno de Dina Boluarte no habría escuchado las distintas alertas de organizaciones de defensa del medio ambiente, sobre los distintos peligros que corre la Amazonía a causa de actividades ilegales.
Según un reportaje de Infobae, el pasado 20 de febrero, el Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de Ley N° 7085, una medida encaminada a simplificar el proceso de exportaciones forestales, es decir, que se pretende reducir los requisitos para las inspecciones visuales oculares por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
Con esta iniciativa, se agilizaría la autorización para el manejo de especies forestales que se encuentren en las listas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), donde figuran las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.
Gobierno pide que esta norma se vea en el Congreso con urgencia
Tras conocerse de este proyecto de ley, los comentarios sobre sus posibles impactos en la gestión y conservación de los recursos forestales en el país no tardaron en llegar, ya que, según el documento —firmado por la jefa de Estado Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola— se enfatiza al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, que se trata de un pedido urgente para la tramitación del proyecto de Ley Nº 7085, cuya finalidad es introducir cambios sustanciales en el artículo 46 de la Ley Forestal.
Para el abogado especialista en temas ambientales César Ipenza, esta acción por parte del Ejecutivo plantea una preocupación sobre la flexibilización de normas en beneficio de intereses económicos privilegiados en perjuicio de la población peruana.
“Está claro que van a seguir flexibilizando para favorecer a grupos económicos en desmedro de todos/as peruanos/as”, escribió en su cuenta de la red social X.
En tanto, el nuevo ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se mantiene sin brindar declaraciones con relación a la norma, al igual que el director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Luis Alberto Gonzales.