En un conflicto está la concesión del muelle 4 que ha funcionado bajo la mano de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), luego que la Empresa Nacional Portuaria (ENP) asegurara que el contrato venció en junio pasado, por lo tanto, debe recuperarse y retornar a su manejo.
Este muelle forma parte de la Terminal de Contenedores y Carga General en Puerto Cortés.
El contrato global entre las partes estipula que el plazo de concesión de la terminal como tal fue a 30 años, adjudicado el 30 de marzo de 2012 y firmado en 2013, con un monto de 624,371,610 de dólares (unos 15,347,054,173 lempiras); sin embargo, aquí no se especifica cuánto era el plazo por la prestación de servicios del muelle, aunque desde la OPC se alega que fue una sola concesión, por lo cual se debe mantener la vigencia del contrato.
Antecedente
La operatividad del muelle 4 por parte de la OPS se dio luego de demoras en el atraque y descarga de los buques con materia prima orgánica en la ENP, lo que ocasionaba un fuerte impacto económico a los importadores.
La Unidad de Investigación de LA PRENSA accedió a otro contrato público modificado y firmado el 29 de octubre de 2015, que consta de 51 páginas.
Se trata de un documento denominado “Contrato para el diseño, financiamiento, construcción, conservación, operación y explotación de la terminal especializada de contenedores y carga general de Puerto Cortés”, el cual detalla en una de sus cláusulas que, en efecto, la OPC debía liberar y devolver los espacios del muelle 4 a más tardar el 30 de junio de 2023, tras finalizar obras de mejora en infraestructura y puesta en operación total de otro muelle de 550 metros.
Lo acordado se desprende del punto uno del contrato de concesión, sujeto a terminación del muelle 6, el cual no ha mencionado hasta ahora la OPC.
Este es un nuevo muelle (el 6) que tiene grúas pórtico, con construcción de 350 metros de un total de 550 metros. La entrega del muelle 4 estaba condicionada a la terminación del muelle 6 con vencimiento en esa misma fecha para retornar el muelle 4 a la ENP; sin embargo, el muelle 6 no fue concluido según cronograma de obras obligatorias del concesionario.
De su lado, la OPC alega que no ha terminado el muelle 6 porque hay una adenda en negociación con la ENP para modificar el contrato, pero la otra parte estima que hay un incumplimiento por parte de OPC en la terminación del muelle 6, lo cual no debería alterar la fecha de entrega del muelle 4.
En un comunicado enviado por la ENP a LA PRENSA, se indica que “al 30 de junio de 2023 la OPC debió concluir con la construcción de 200 metros lineales del muelle 6, pero a la fecha solo tiene una extensión de 350 metros lineales.
La inversión restante para concluir los 200 metros lineales es de 230 millones de dólares, (5,680,241.000.00 lempiras) que ha dejado de invertir el operador como parte de la inversión obligatoria inicial pactada en el contrato. Durante el uso del muelle, la OPC debió invertir 6 millones de dólares (148,180,200.00 lempiras), que tampoco hizo, recibiéndose un muelle operativo, pero al cual hay que hacerle ahora inversiones con dinero del Estado”.
Mientras tanto, la OPC notificó a LA PRENSA que durante la vigencia del contrato han cumplido “diligentemente” las obligaciones contenidas y que “cualquier diferencia de criterio se resolverá como se estipula, por lo que OPC no hará comentarios mediáticos y se limita a intercambios formales” entre los involucrados.
Reacción
El diálogo debe primar en este conflicto para evitar un golpe económico para el país, en caso de que el Gobierno erre en cuanto a su apreciación, así lo indica el presidente del Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé.
“Si por alguna razón la postura es equivocada esto le saldrá caro a Honduras porque pudiéramos estar frente a una demanda. Quizá hay algo en el contrato que ampare la postura, pero no se puede actuar de forma unilateral, no es lo más adecuado”, sostuvo el empresario.
“Tengo entendido que las partes están dialogando, eso es prudente y me parece correcto, de lo contrario, perderían credibilidad y se pone en riesgo la seguridad jurídica”, advirtió Facussé.
Incumplimientos
LA PRENSA accedió a oficios emitidos por la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) al ministro de la ENP, Carlos Arturo Bueso, los cuales exponen una serie de hallazgos luego de una reciente inspección.
Esta recomendó a la estatal que un ente especializado realice otra inspección de campo para verificar el estado físico del muelle e inversión obligatoria inicial. Tampoco se halló decisión referente a la ejecución o conclusión a más tardar el 30 de junio de 2023 de 200 metros restantes respecto a obras del ENP.
Esto significa que no hubo expediente técnico ni estudio para su realización. El análisis jurídico también señala que el muelle, contractualmente, está bajo el concepto de “bienes de la terminal”, por lo que OPC está obligada a darle mantenimiento, y por último se recomienda que requiera al fiduciario la devolución del muelle.
